Verón-Punta Cana, La Altagracia. La muerte de Juan Francisco Landa Contreras e Isaira Méndez de Contreras, quienes viajaban juntos en una motocicleta por la carretera Verón-Punta Cana, ha provocado consternación y ha reavivado el debate sobre la fiscalización del tránsito y el uso de los permisos de aprendizaje para conducir.
Según las informaciones ofrecidas por familiares de las víctimas, la pareja fue impactada por un automóvil que presuntamente circulaba a alta velocidad. Como consecuencia del fuerte choque, ambos perdieron la vida.
De acuerdo con las denuncias de los parientes, el vehículo era conducido por Pedro Pablo Ventura Bautista, quien supuestamente solo poseía un permiso de aprendizaje al momento del accidente.
El caso se encuentra en conocimiento del Juzgado de Paz de La Otra Banda, en Higüey, donde el Ministerio Público y las autoridades competentes desarrollan las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades legales correspondientes.
Más allá del proceso judicial, los familiares de las víctimas cuestionan cómo una persona con un permiso de aprendizaje podía estar conduciendo sin la supervisión de un conductor autorizado, situación que, de confirmarse, representaría una preocupante violación a las normas de seguridad vial.
Por ello, hicieron un llamado al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para que fortalezcan los controles y hagan cumplir las disposiciones legales relacionadas con los permisos de aprendizaje, con el objetivo de prevenir nuevas tragedias.
Este hecho vuelve a poner sobre la mesa una realidad preocupante: los accidentes de tránsito continúan cobrando vidas en la República Dominicana y evidencian la necesidad de una mayor vigilancia, educación vial y aplicación efectiva de la ley.
Hoy dos familias lloran la pérdida de Juan Francisco Landa Contreras e Isaira Méndez de Contreras. Mientras la justicia establece las responsabilidades del caso, la sociedad espera respuestas y acciones concretas para que tragedias como esta no vuelvan a repetirse.
La justicia tiene ahora la responsabilidad de esclarecer los hechos. Las autoridades de tránsito, por su parte, tienen el desafío de garantizar que las normas se cumplan y que un permiso de aprendizaje no se convierta en una puerta abierta al riesgo para quienes transitan por las carreteras del país.
