Santo Domingo. El Gobierno dominicano aprobó la Política Presupuestaria para el año 2027, presentada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien aseguró que el nuevo presupuesto priorizará áreas como educación, salud, infraestructura, productividad e institucionalidad, manteniendo el compromiso con la inversión pública y las prioridades sociales.
Sin embargo, el anuncio vuelve a abrir un debate que cada año cobra mayor fuerza entre amplios sectores de la sociedad: ¿dónde están las obras que ya fueron presupuestadas y anunciadas en años anteriores?
La discusión no gira únicamente en torno a cuánto dinero se destinará en 2027, sino a la capacidad real del Estado para ejecutar con transparencia los recursos aprobados por el Congreso Nacional y rendir cuentas sobre los resultados obtenidos.
Diversos informes de fiscalización han evidenciado deficiencias en la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos públicos, situación que mantiene bajo cuestionamiento la calidad del gasto estatal. En ese contexto, han sido citados casos de cientos de obras incluidas en los presupuestos nacionales cuya ejecución, avance o culminación no ha quedado claramente documentada ante la ciudadanía, generando interrogantes sobre el uso eficiente de los recursos públicos.
El Gobierno sostiene que la política presupuestaria de 2027 concentrará las inversiones en proyectos de mayor impacto para la población, con una visión de largo plazo alineada a las metas nacionales de desarrollo. Según explicó el ministro José Ignacio Paliza, el objetivo es fortalecer el capital humano, ampliar la infraestructura y garantizar un uso responsable del dinero público.
No obstante, para numerosos ciudadanos la principal preocupación no es la cantidad de proyectos anunciados, sino la falta de resultados visibles en muchas comunidades donde durante años se han prometido carreteras, acueductos, escuelas, hospitales, sistemas de drenaje, instalaciones deportivas y otras infraestructuras que aún permanecen inconclusas o nunca iniciadas.
La confianza pública se fortalece cuando cada peso invertido puede ser verificado por la población. Sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas, las promesas presupuestarias pierden credibilidad y aumentan las dudas sobre la eficiencia de la administración pública.
Una ciudadanía que exige resultados
En un contexto marcado por el alto costo de la vida, dificultades económicas y crecientes demandas sociales, distintos sectores consideran que el país necesita menos anuncios y más obras terminadas.
La población espera que cada peso aprobado en el presupuesto se traduzca en mejoras reales para las comunidades y no únicamente en cifras presentadas durante ruedas de prensa o documentos oficiales.
Opinión
La aprobación de un nuevo presupuesto representa una oportunidad para impulsar el desarrollo nacional. Sin embargo, esa oportunidad solo adquiere legitimidad cuando va acompañada de transparencia, fiscalización y resultados verificables.
El país necesita instituciones capaces de demostrar qué obras fueron ejecutadas, cuánto costaron, quiénes las construyeron y cuál fue el beneficio obtenido para la población. Sin esa información, cada nuevo presupuesto corre el riesgo de ser recibido con el mismo escepticismo que ha acompañado anuncios anteriores.
La República Dominicana demanda una cultura de mayor rendición de cuentas. Los recursos públicos pertenecen a los ciudadanos y deben administrarse con eficiencia, transparencia y responsabilidad. La confianza no se construye con discursos; se construye con obras terminadas, información accesible y una fiscalización efectiva.
