Santo Domingo.– La muerte de jóvenes a manos de agentes de la Policía Nacional continúa siendo uno de los temas más sensibles y preocupantes de la seguridad ciudadana en la República Dominicana. Si las estadísticas oficiales reflejan que, entre el año 2020 y el 2026, unas 273 personas con edades entre los 16 y 35 años fallecieron en intervenciones policiales, el país tiene el deber de preguntarse qué tan efectiva ha sido la llamada reforma policial y cuáles han sido sus verdaderos resultados.
Durante la presente administración han pasado por la Dirección General de la Policía Nacional distintos jefes policiales, cada uno con el compromiso de fortalecer la institución, mejorar la profesionalización de sus agentes y recuperar la confianza de la ciudadanía. Sin embargo, los constantes casos de muertes en operativos, denuncias de uso excesivo de la fuerza, abusos de autoridad y presuntas ejecuciones extrajudiciales han mantenido bajo cuestionamiento el desempeño institucional.
La creación e impulso del proceso de reforma policial buscaban precisamente transformar la cultura institucional, garantizar el respeto a los derechos humanos y elevar los niveles de transparencia. No obstante, diversos hechos ocurridos en los últimos años han provocado que amplios sectores de la sociedad cuestionen si esos cambios realmente se han traducido en una disminución de los abusos policiales o si todavía persisten prácticas incompatibles con un Estado democrático.
El Ministerio de Interior y Policía, como órgano rector de las políticas de seguridad ciudadana y supervisor de la implementación de la reforma policial, también enfrenta el desafío de responder a las inquietudes de la población sobre los mecanismos de supervisión, control disciplinario y rendición de cuentas dentro de la institución.
Cada vez que un joven pierde la vida durante una intervención policial, la confianza ciudadana se deteriora. La sociedad demanda investigaciones independientes, sanciones cuando correspondan y protocolos de actuación que privilegien la preservación de la vida y el respeto al debido proceso.
Al mismo tiempo, las autoridades sostienen que los indicadores nacionales de homicidios han mostrado una tendencia a la baja como parte de las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años. Sin embargo, especialistas y organizaciones de derechos humanos recuerdan que la reducción de la criminalidad no puede medirse únicamente por estadísticas generales, sino también por la forma en que actúan los organismos encargados de hacer cumplir la ley y por el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
El debate, por tanto, no debe limitarse a cifras. La verdadera discusión gira en torno a la necesidad de consolidar una Policía Nacional moderna, profesional, transparente y sometida plenamente al Estado de derecho, donde la fuerza sea utilizada únicamente cuando resulte estrictamente necesaria y dentro de los límites que establece la Constitución y la ley.
Mientras continúen registrándose denuncias de abusos, excesos y muertes en intervenciones policiales, la reforma seguirá siendo evaluada no por los discursos oficiales, sino por los resultados que perciban los ciudadanos en las calles y por la capacidad del Estado de garantizar justicia, transparencia y respeto a la vida.
